Costas iniciará en febrero el trámite para recuperar suelo

Fernández-Rañada afirmó que en la actualidad se elabora un inventario sobre las construcciones y parcelas afectadas, entre los que figuran edificios, chiringuitos, una estación de bombeo o jardines, que espera concluir en las próximas semanas.

Solución individualizada. En principio se han detectado más de medio centenar de ocupaciones, algunas de ellas por edificios muy antiguos, de los años 50 ó 60, y cada una de ellas llevará un tratamiento «específico en función de su situación jurídica», explicó el responsable del organismo.
Este inventario constituye un trabajo «muy voluminoso» dado que establece un análisis pormenorizado de cada una de las ocupaciones y de la superficie afectada.
El dominio público marítimo-terrestre lo forman, además del mar territorial y las aguas interiores, la ribera del mar, que abarca las zonas de playa, las albuferas y los terrenos costeros hasta donde lleguen las olas en los mayores temporales conocidos, según la Ley de Costas de 1988.
Después hay una servidumbre de tránsito de seis metros y una zona de protección, que en suelo urbano es de veinte metros y en suelo rústico de cien, donde tampoco está permitido edificar, aunque es competencia autonómica.

Benalmádena. Uno de estos terrenos ocupados es la residencia Marymar, ubicada en Benalmádena-Costa, donde «lo lógico sería recuperar la playa y darle cierta continuidad al paseo (marítimo)», indicó Fernández-Rañada.
La demolición de esta residencia ha estado en cartera no sólo del Gobierno socialista, sino también del anterior Ejecutivo popular. Costas llegó a plantear incluso su intención de negociar con Unicaja la demolición de la residencia.
Ésta se construyó a mediados de la década del sesenta, y desde el principio se constituyó en un embrión de lo que luego ha sido un desarrollo urbanístico desmedido en la Costa del Sol. En un primer momento, fue un hotel, cuyo edificio ya ocupaba 4.000 metros cuadrados y una altura de ocho plantas.
Los contactos del Gobierno con Unicaja y con el Consistorio de Benalmádena se iniciaron a principios de los 90, aunque aún quedan muchos flecos por solucionar, como la financiación del derribo o el uso exacto de los terrenos.

Noticia extraida de: La Opinión de Málaga.

La expansión de Málaga por Campanillas estrangula el río

El análisis de los datos no deja lugar a dudas. Una de las operaciones residenciales de mayor calado y envergadura del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, la que se contempla en las márgenes del río Campanillas, no parece haber despertado la simpatía de los expertos en materia medioambiental. De hecho, el Estudio de Impacto Ambiental incorporado a la revisión del planeamiento y elaborado por la empresa Analiter concluye que los usos previstos en estos suelos aledaños al cauce acabarán por producir un impacto «severo».Esta valoración afecta, concretamente, a ocho sectores sobre los que los técnicos encargados de redactar el nuevo planeamiento de la ciudad localizan más de 5.000 viviendas, lo que supone el 41 por ciento de las casas que se contemplan para el entorno de Campanillas de cara al año 2016, horizonte de ejecución del PGOU. De entre todos estos suelos, destacan, por su dimensión, Campanillas Norte, con unas 1.748 viviendas; Colmenarejo Sur, Norte y Oeste, con un total de 1.700 unidades proyectadas y un suelo no sectorizado, el de Somera-El Rayo, con capacidad para 1.800 casas.

Respecto a la propuesta de desarrollo de estos terrenos residenciales, el análisis medioambiental del Plan es contundente tras analizar las posibles afecciones: «Consumirán una porción importante de suelo que se afronta con una ordenación urbanística poco sensible con los valores naturales, encauzamientos y entubamiento de arroyos, modificación del recorrido del cauce, riesgos de avenidas…»

Y añade: «El estrangulamiento del río Campanillas y de sus afluentes, junto con la ocupación de los suelos de mayor rendimiento agrícola de la geografía municipal provocan que el impacto se valore como severo una vez aplicadas las medidas correctoras que han minimizado el impacto».

En el análisis se subraya además el carácter negativo que tiene la densidad de vivienda propuesta sobre estos sectores, que varía entre 31 y 44 viviendas por hectárea. Sobre este punto, los técnicos de Analiter indican que debido a esta edificabilidad, el río Campanillas y los arroyos Los Pilones, Uña de Gato y Ciprés «encuentran menor grado de integración» a su paso por los sectores de Colmenarejo y Somera-El Rayo, salvo que se proceda a su «entubamiento o encauzamiento», con lo que perderían su carácter natural.

Los usos propuestos afectarán al medio biótico debido a la práctica desaparición de los soportes naturales de la fauna (árboles frutales, cultivos herbáceos) y se verán afectados la avifauna nidificante y los mamíferos asociados a este tipo de medios provocando un impacto moderado.

Debido al riesgo de inundación que tienen sobre estos suelos, el Estudio de Impacto Ambiental, condiciona el desarrollo de los sectores Somera-El Rayo y Colmenarejo a la elaboración de un estudio de detalle de inundabilidad de los terrenos para un periodo de retorno de 500 años. Asimismo, se indica que junto al Plan Parcial de Ordenación deberá recogerse un proyecto de restauración paisajística ambiental de márgenes.

Junto a esta exigencia, aplicable a buena parte de los suelos, los técnicos muestran especial interés en el impacto que el desarrollo residencial puede tener sobre Somera-El Rayo. En este sentido, fija como vinculante la reserva de un 25 por ciento de la superficie del sector, en una sola parcela aneja al río Campanillas, para que se destine a la plantación de especies autóctonas.

Menor es la incidencia que, según el Estudio de Impacto Ambiental, tiene el uso residencial en otros suelos de Campanillas, como es el caso de la zona de Maqueda, con casi 3.000 viviendas, Liria Norte y Santa Rosalía Sur, donde se prevén casi 2.000 casas. A pesar de ello, el documento admite que la capacidad de acogida del territorio para los nuevos usos residenciales es «muy baja», por lo que el impacto se valora como «severo», una calificación que se verá matizada con actuaciones correctoras. Uno de los condicionantes fijados, en el caso del sector de Santa Rosalía Sur, es el de la canalización del arroyo de Cantos.

Noticia extraida de: Diario Málaga Hoy

Málaga tendrá sólo 2,9 metros de zonas verdes por habitante

En este sentido, expuso que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) exige un mínimo de cinco metros cuadrados por habitante; la Unión Europea (UE) recomienda 15 metros cuadrados por habitante y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 20 metros cuadrados por persona.

Asimismo, indicó que en el PGOU de la capital se señala que existen 9,2 metros cuadrados de zonas verdes por habitante porque se contabilizan áreas verdes “alejadas, calificadas como sistema general pero para las que en el documento no plantea ningún tipo de intervención”, por lo que consideró que se han incluido “para que la media salga más alta”, aseveró.

Entre estas áreas se encuentran la zona norte del Puerto de la Torre, la zona norte de las Virreinas y la presa del Limonero, el norte de las rondas y el norte del monte de San Antón.

Bustinduy explicó que el propio documento reconoce el déficit de zonas verdes de la ciudad e “incluso describe los lugares deficitarios en zonas verdes”, como son los distritos de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Bailén-Miraflores, “zonas que además son las más pobladas de la capital”. También insistió en que para elevar la media “se han incluido zonas que no son de uso ciudadano”.

Por otra parte, añadió que al calificar de suelo rústico como sistema general, el documento posibilita que luego se convierta en urbanizable. “No es una hipótesis, porque en este momento tenemos ejemplos muy evidentes de que eso es así” ya que “durante el verano hemos visto cómo hay suelos que han pasado de rústicos a residenciales”, refiriéndose “a cómo se han calificado en este documento suelos del monte de Gibralfaro”.

La portavoz del PSOE explicó que su grupo propone que “los suelos que se han pintado como zonas verdes se queden como rústicos”, e incluso “en el caso de que la propiedad de ese suelo sea privada, que las administraciones colaboren y ayuden en el mantenimiento de los mismos”.

“Si Málaga aspira a ser una gran ciudad, que tiene potencialidad para serlo, necesita atributos de gran ciudad”, destacó, al tiempo que resaltó que “Málaga necesita grandes áreas verdes para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, porque son atributos de grandes ciudades y porque necesita que haya una masa verde” para absorber los ruidos.

Marisa Bustinduy./ Portavoz municipal socialista
Tres proyectos serán la clave para el futuro de Málaga

Según Bustinduy, existen tres proyectos que marcan la diferencia entre su modelo de ciudad y el del alcalde, Francisco de la Torre, como son Arraijanal, los antiguos terrenos de Repsol y Gibralfaro. Así, manifestó que para Arraijanal el regidor propone “eliminar la playa para hacer un puerto deportivo, viviendas de lujo y zonas comerciales”, mientras que para Bustinduy “es necesario crear un gran parque de uso y disfrute ciudadano”, porque “no podemos perder la oportunidad de oro de trabajar en una zona, la única de todo el litoral de la ciudad que se conserva en estado natural”.

REVISIÓN DEL PGOU
Buscar una salida a la situación de la capital

Bustinduy destacó que para su grupo es “prioritario” que Málaga tenga un PGOU “porque hay que darle salida a la situación en la que se encuentra la ciudad”. Así, dijo que la postura del PSOE respecto a la elaboración y al propio documento “ha sido la de buscar y trabajar con el consenso como una clave imprescindible” para que “sea un documento lo más rico posible, donde se contemplen la mayoría de las sensibilidades”. Además, señaló que “un documento de estas características se va a administrar durante mucho tiempo y lo razonable es que todos nos sintamos identificados con él”. Bustinduy recordó que en el pleno de aprobación inicial del PGOU «nos vimos obligados a votar que no” por “el fondo y por la forma”.

Noticia extraida de: Diario Málaga

Campanillas se convertirá en una nueva ciudad en 10 años

málaga. El crecimiento residencial de la capital de la Costa del Sol de cara al año 2016 tendrá en los suelos actualmente baldíos de Puerto de la Torre y Campanillas sus principales plazas de asentamiento. Ambos espacios de la ciudad, localizados en la zona oeste de la urbe, acogen las mayores bolsas de suelo urbanizable incluidas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con capacidad para edificar casi 20.500 viviendas, de las cuales al menos 7.900 serán de protección oficial. Esta cifra permite concluir que el 62 por ciento de las casas de nueva construcción que se pretenden ejecutar en la próxima década se levantarán en estos dos enclaves. Aunque el carácter residencial de ambos asentamientos varía sustancialmente. Mientras Campanillas va a convertirse, como dice el concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, en «una nueva ciudad», con posibilidad para acoger más de 12.000 viviendas, Puerto de Torre se significará como el barrio de vivienda de protección oficial por excelencia, con unas 5.300 viviendas de esta tipología.

El análisis de las fichas de los suelos incorporados al nuevo planeamiento permite visualizar la verdadera dimensión del impulso residencial que se pretende dar a la ciudad. En Campanillas, de las más de 12.000 viviendas proyectadas, casi 10.000 serán de venta libre (6.053 se ubicarán sobre suelo urbanizable sectorizado y otras 3.750 sobre suelo urbanizable no sectorizado), y al menos 2.500 VPO.

Los paquetes residenciales de mayor envergadura en este entorno se localizan en los dos sectores de Maqueda, con casi 3.000 viviendas; Campanillas Norte, con 1.748, y la zona de Colmenarejo, con otras 1.700 casas. A ellas hay que sumar las más de 3.750 viviendas que se contemplan sobre los sectores de suelo no sectorizado de Santa Rosalía Sur (1.950) y Somera-El Rayo (1.800) que están calificados como suelo no sectorizado. El primero de ellos no podrá desarrollarse hasta «no queden establecidas las huellas de ruido del tráfico aéreo producidas por la futura configuración del sistema aeroportuario con las dos pistas en funcionamiento», mientras que el segundo terreno depende de la eliminación del riesgo de inundabilidad de los terrenos.

Los nuevos terrenos agregados al PGOU en el entorno de Campanillas suponen una extensión de 3,6 millones de metros cuadrados, o lo que es lo mismo, la extensión de 360 campos de fútbol. De esta superficie, 2,5 millones se corresponden a suelo urbanizable sectorizado, y 1,1 millones a no sectorizado.

Junto al desarrollo de Campanillas, Puerto de la Torre emerge como la alternativa a la que se acogerán los jóvenes de la ciudad para poder acceder a una vivienda. Será en este barrio donde se concentre hasta el 41 por ciento de las 13.000 viviendas de protección oficial que el equipo de gobierno pretende desarrollar al albur del nuevo PGOU, en el que se clasifican más de 2,5 millones de metros cuadrados.

De ellas, 5.340 se ubicarán en este espacio de crecimiento. La cifra equivale a casi el 66 por ciento de las casas que se dibujan en Puerto de la Torre, puesto que sólo 2.755 de las 8.095 viviendas señaladas son de renta libre. La incidencia de la vivienda protegida es tal que los redactores del documento perfilan tres grandes sectores, los de Orozco, Soliva Oeste y Asperones, en exclusiva para VPO, dando como resultado un total de 2.175 casas. No obstante, el mayor asentamiento se producirá en el sector conocido como Lagar de Oliveros, donde se contemplan 2.580 VPO, el 64 por ciento de las casi 4.000 casas que se incluyen en el mismo.

Pero más allá de la tendencia residencial que se dibuja al oeste de la ciudad, siguiendo la pauta adelantada en el documento de avance del PGOU, los redactores marcan bolsas de suelo residencial en otros entornos de la capital. La de mayor peso, tras Campanillas y Puerto de la Torre, se localiza en la ciudad consolidada, en la zona de Camino de San Rafael, que acogerá un nuevo barrio de hasta 5.000 viviendas dentro de la operación de regeneración elaborado por los técnicos.

La propuesta se desarrolla al albur del soterramiento de las vías del tren, que hasta la fecha ha separado en dos mitades esta zona de la ciudad. El principal elemento impulsor de este desarrollo será el proyecto que se prevé en los antiguos suelos de Repsol, donde se construirán tres torres de 24, 26 y 28 plantas, respectivamente, y un rascacielos de 168 metros de altura. Este asentamiento tendrá un máximo de 1.300 viviendas, de las que al menos 400 serán protegidas.

Junto a la edificación en altura de Repsol, otra de las actuaciones de trascendencia del nuevo Plan es la que se perfila en los últimos suelos de poniente, en los terrenos de la antigua central térmica, el sector Torre del Río y los suelos industriales de Nereo. En estos dos últimos espacios se edificarán cuatro torres de unas 30 plantas, con más de cien metros de altura. En global, esta operación prevé 860 viviendas, 258 de VPO.

En el lado opuesto de la ciudad, el litoral este también se asoma como espacio de asentamiento residencial, con posibilidad para construir 1.300 viviendas, de las que 608 (el 46 por ciento) serán de protección oficial. En dos de los cuatro sectores que se incluyen en este espacio, los de El Tinto y Wittenber, los redactores apuntan la posibilidad de ejecutar una edificación «singular en altura». Asimismo, se subraya la necesidad de dotar estos espacios de conexiones viarias con Miraflores de El Palo y El Candado. Otras bolsas hay que encontrarlas en Churriana, donde se construirán 957 viviendas (203 VPO), La Ermita, con 400 viviendas de renta libre, y La Corchera, en la zona del Guadalhorce. En este último suelo la ficha técnica fija 577 viviendas, 173 de ellas de VPO.

Noticia extraida de: Diario Málaga Hoy

Málaga duplicará su población y sus viviendas en una década

El crecimiento previsto en los avances de los nuevos PGOU prevé 3,3 millones de habitantes en la provincia y 1,9 millones de inmuebles. El consumo de agua aumentaría un 147% y se necesitarían dos embalses como La Concepción y tres nuevas plantas para tratar residuos.

La provincia de Málaga está en plena expansión urbanística y poblacional, de eso no cabe duda. Tan sólo hay que echar un somero vistazo a las estadísticas oficiales: el número de habitantes no deja de crecer, la construcción de viviendas se ha convertido en uno de nuestros pilares económicos y el turismo residencial sigue ganando enteros. Y esta situación parece que no va a tener fin, al menos hasta la próxima década.
Con todos los municipios revisando sus planes de ordenación urbana (PGOU), el panorama que se plantea en diez años es, como poco, muy ambicioso. En 2017, la provincia habrá duplicado su población y el número de viviendas, según los datos extrapolados de los avances urbanísticos presentados hasta la fecha y aportados por el delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, en una conferencia impartida en los cursos de Ronda. Si Málaga tiene ahora 1,45 millones de habitantes, en once años esa cifra crecerá hasta los 3,3 millones; mientras, el número de inmuebles pasará de 956.457 a 1,9 millones, con un incremento del 99%. Inevitablemente, este aumento urbanístico y demográfico llevará aparejado una subida del consumo de recursos básicos como la energía o el agua. En el informe presentado por Trillo se refleja que el consumo de agua podría crecer un 147%, alcanzando el gasto de 327 hectómetros anuales, y la demanda de energía eléctrica pasaría de 6.000.000 de megavatios a 14,5 millones, es decir un incremento del 142%, lo que subiría el déficit provincial de megavatios a 1.200.
Con una población de más de tres millones de personas, también subiría sobremanera la producción de residuos sólidos urbanos. Así, el incremento previsto es del 142%, con 1,9 millones de residuos generados en 2017.

En lo que se refiere a recursos básicos, el delegado provincial de Medio Ambiente asegura que la provincia necesitaría para afrontar este ingente cambio construir tres nuevas plantas de tratamiento de residuos similares a la de Los Ruices, además de contar con el doble de la capacidad de caudal del embalse de La Concepción, que abastece a la Costa del Sol. Además, para cubrir el consumo eléctrico serían necesarias dos nuevas centrales térmicas, como la que ahora se proyecta en Campanillas. Todo sin contar con la necesidad de nuevas depuradoras de aguas residuales, un campo en el que la provincia presenta todavía muchas carencias.

Suelo ocupado. La construcción de viviendas y de otras infraestructuras necesarias para atender a la población también repercutirá en la próxima década en el sellado de suelo, es decir, en la superficie ocupada en la provincia por edificaciones de distinto tipo. En ese sentido, las previsiones apuntan a que el suelo ya sellado en 2017 ocupará 86.604 hectáreas, frente a las poco más de 36.000 ocupadas actualmente.

Noticia extraida de: La Opinión de Málaga